El gobierno de México ha enviado una nota diplomática a Estados Unidos expresando su preocupación por las inspecciones de camiones de carga que realiza el Departamento de Seguridad Pública de Texas en la frontera. Estas inspecciones, implementadas como parte de medidas contra la migración, han generado retrasos significativos y pérdidas económicas en el comercio bilateral entre ambas naciones. Desde hace 21 días, los camiones de carga que intentan ingresar a Estados Unidos experimentan demoras de hasta 24 horas. Esta situación se ha intensificado debido al aumento sin precedentes de personas migrantes en Centroamérica y México, según advierte la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Las inspecciones impulsadas por el Departamento de Seguridad de Texas han provocado cierres de carriles en los cruces fronterizos, incrementos en los tiempos de cruce y filas de camiones que han llegado a alcanzar una longitud de 23 kilómetros. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ha denunciado que estas inspecciones han afectado el tráfico de mercancías por un valor de 1 mil 900 millones de dólares, debido a la detención de al menos 19 mil camiones de carga que transitan entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Adrián González, agente aduanal de Estados Unidos, ha calificado la situación como una "disrupción monumental al comercio" y ha instado a abordarla de manera urgente. Se ha observado un cambio en las prácticas de inspección, pasando de examinar uno de cada 10 o 20 vehículos a inspeccionar todos, lo que resulta insostenible, considerando que se justifica como una medida para detener la migración. Las medidas implementadas por el gobierno de Texas están afectando negativamente las cadenas de suministro y poniendo en riesgo la estabilidad de miles de empresas en ambos lados de la frontera que generan empleo. Además, estas acciones van en contra del espíritu de desarrollo y entendimiento que anima al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Empresarios en la frontera norte de México han denunciado la escasez de alimentos y la inflación provocada por las restricciones en los cruces fronterizos impuestas por el gobierno de Texas, como resultado de la ola migratoria sin precedentes en la región. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado al gobierno de Texas de obstaculizar el libre comercio con medidas antiinmigrantes, incluyendo inspecciones arbitrarias a camiones de mercancías. Señaló que estas acciones perjudican la actividad comercial y obstaculizan el tránsito normal de personas y mercancías entre los dos países. Aunque el gobierno mexicano también ha reconocido el avance en el diálogo binacional que ha resultado en la reapertura parcial del área comercial del Puente Internacional Córdoba-Las Américas a partir del 10 de octubre de 2023, reafirma su compromiso de seguir trabajando para que las operaciones se restablezcan por completo y se pueda reanudar un flujo comercial sin obstáculos en la frontera.

Las inspecciones impulsadas por el Departamento de Seguridad de Texas han provocado cierres de carriles en los cruces fronterizos, incrementos en los tiempos de cruce y filas de camiones que han llegado a alcanzar una longitud de 23 kilómetros.

México envía nota diplomática a Estados Unidos por inspecciones en la frontera de Texas

La violencia que enfrentan las personas migrantes en su travesía por México, especialmente mujeres y niñas, ha alcanzado niveles alarmantes debido a las brutales y continuas violaciones sexuales que sufren. Informes de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales señalan que la violencia sexual contra mujeres migrantes se manifiesta de diversas formas y con distintos propósitos. En ocasiones, los propios compañeros de viaje las utilizan como moneda de cambio, ya sea con autoridades o con el crimen organizado, para seguir su ruta. Médicos Sin Fronteras informó que la violencia sexual es especialmente prevalente en el sur de México, en estados como Chiapas y Tabasco, donde las personas migrantes suelen recorrer a pie para evitar los controles fronterizos. Un 12.8% de las mujeres atendidas por la organización reportaron haber tenido relaciones sexuales no deseadas, y un 10% dijeron haber sido forzadas a tener sexo a cambio de algo. Amnistía Internacional reveló que hasta el 70% de mujeres y niñas migrantes sufren algún tipo de abuso sexual en su ruta. Esta cruda realidad deja a las mujeres migrantes sin escapatoria, ya que no tienen acceso a servicios de salud ni justicia y temen represalias o deportación si denuncian los abusos. Las consecuencias físicas y emocionales para estas mujeres son devastadoras. Ante esta situación, un número significativo de mujeres migrantes optan por aplicarse una inyección anticonceptiva de largo efecto, conocida como "inyección AntiMéxico", en un desesperado intento por prevenir embarazos en medio de las agresiones sexuales durante su peligroso recorrido hacia el norte. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres migrantes en su tránsito por México exige una atención urgente y acciones concretas para proteger sus derechos y garantizar su seguridad y bienestar durante su búsqueda de una vida mejor.

La violencia que enfrentan las personas migrantes en su travesía por México, especialmente mujeres y niñas, ha alcanzado niveles alarmantes debido a las brutales y continuas violaciones sexuales que sufren.

La inyección Anti-México: Desesperado intento de mujeres migrantes para prevenir embarazos

Las políticas fronterizas impulsadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, están generando preocupación y acusaciones de insensibilidad e inhumanidad. Si bien Texas tiene la autoridad soberana para defender su frontera, se han reportado acciones alarmantes que ponen a los solicitantes de asilo en grave riesgo, incluso con consecuencias fatales. Se han recibido informes sobre el trato inhumano hacia los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos. Entre las acusaciones se encuentran órdenes a los policías de Texas para empujar a los migrantes hacia el Río Grande y la prohibición de proporcionarles agua. Además, se han instalado alambres de púas en la frontera sur de Texas y boyas flotantes en el Río Grande, lo que ha resultado en ahogamientos y cortes en la piel de los migrantes. Un agente fronterizo de Texas, Nicholas Wingate, ha revelado en correos electrónicos que recibió órdenes de empujar a un grupo de más de 100 migrantes, incluyendo niños y madres con bebés, hacia territorio mexicano. Estas actividades forman parte de la llamada 'Operación Estrella Solitaria', impulsada por el gobierno de Abbott para reubicar migrantes hacia estados demócratas. <img src="https://res.cloudinary.com/dovt05tfn/image/upload/v1690071747/website/jpqiob231hqac6faopwg.jpg"> Además, la reciente firma de un proyecto de ley por parte de Abbott ha eliminado el derecho de los trabajadores de construcción a tomar descansos de 10 minutos para beber agua, justo en medio de una ola de calor sin precedentes que se avecina en Texas. Esto afectará directamente a trabajadores latinos que realizan labores al aire libre bajo el sol. La exposición al calor ambiental ha sido mortal para trabajadores en Texas, y en 2021, se registraron 36 muertes debido a esta causa, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. La serie de sucesos ha provocado la indignación en México, y el principal diplomático del país ha presentado quejas ante Washington por el incumplimiento de dos tratados internacionales por parte de Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea tomar acciones legales contra Texas debido a estas acciones. Más de 80 legisladores demócratas estadounidenses han enviado una carta al presidente Joe Biden solicitando que investigue las "acciones peligrosas y crueles" de Abbott en la frontera sur. La situación continúa generando tensiones y preocupación, mientras las autoridades y la comunidad internacional observan de cerca el desarrollo de estos eventos en la frontera de Texas.

Las políticas fronterizas impulsadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, están generando preocupación y acusaciones de insensibilidad e inhumanidad.

Texas y sus acciones cuestionadas contra los migrantes

En dos hechos que han captado la atención mundial, se evidencia una vez más la impactante disparidad en la respuesta de las autoridades y la sociedad frente a tragedias que involucran a personas ricas y a migrantes en busca de una vida mejor. El pasado domingo 18 de junio, el submarino turístico Titán, operado por OceanGate Expeditions, desapareció en las costas canadienses mientras exploraba los restos del Titanic en el Atlántico Norte. A bordo se encontraban cinco personas, entre ellas el CEO de la empresa, Stockton Rush, y el multimillonario británico Hamish Harding. Ambos pagaron una considerable suma de 250,000 dólares para vivir esta experiencia única. En un acto de solidaridad internacional, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá se unieron para llevar a cabo una extensa operación de rescate. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos conjuntos, hasta el momento no se ha logrado encontrar rastro alguno del submarino ni de sus tripulantes. En contraste, y de manera trágica, otro naufragio ocurrió antes de la desaparición del Titán. Una embarcación abarrotada de alrededor de 700 migrantes se hundió en el Mar Jónico, cerca de las costas griegas. La mayoría de los pasajeros eran hombres jóvenes en busca de un futuro mejor, pero al menos 79 personas perdieron la vida, entre ellas niños y mujeres. La operación de rescate en este caso fue significativamente menor y se llevó a cabo principalmente por las autoridades griegas. Aunque se logró rescatar a cerca de 100 personas con vida, las cifras son desgarradoras, especialmente considerando los testimonios de los supervivientes que hablaban de la presencia de hasta 100 niños a bordo. Las diferencias en la magnitud de la respuesta son inmensas y plantean interrogantes sobre la prioridad que se otorga a la vida humana según su origen socioeconómico. Mientras que en el caso del submarino desaparecido se movilizaron múltiples naciones y se emplearon considerables recursos en la búsqueda, en el naufragio de migrantes apenas se realizó una operación de salvamento. Estos eventos trágicos resaltan la necesidad de reflexionar sobre la desigualdad y la falta de empatía hacia las personas más vulnerables. Independientemente de su origen o estatus, todas las vidas tienen un valor intrínseco y merecen el mismo nivel de atención y protección. La humanidad debe recordar que cada vida cuenta y que no se puede permitir que la riqueza y el estatus determinen quién merece ser rescatado y quién es dejado a su suerte en situaciones de peligro. Solo a través de un enfoque inclusivo y solidario podremos construir un mundo más justo y equitativo para todos.

En dos hechos que han captado la atención mundial, se evidencia una vez más la impactante disparidad en la respuesta de las autoridades y la sociedad frente a tragedias que involucran a personas ricas y a migrantes en busca de una vida mejor.

Trágicas diferencias en el rescate: La prioridad entre ricos y migrantes

El gobernador de Texas, Gregg Abbot, ha dado la orden de construir una barrera flotante en el Río Bravo, que separa a México de Estados Unidos. Se trata de unas boyas que se colocarán a unos 300 metros de distancia de la orilla, y que tendrán una profundidad de entre 1.2 y 1.8 metros, según la zona. El objetivo de esta medida es disuadir a los migrantes de cruzar ilegalmente el río, y en su lugar, usar los puertos de entrada legales para solicitar asilo o residencia en el país.&nbsp; El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McGraw, explicó que las boyas son una forma de proteger a los inmigrantes de los riesgos que implica atravesar el río, como las corrientes, los animales o los traficantes. Reconoció que hay formas de evadir esta barrera, pero que requerirían de conocimientos técnicos y quizás de equipo especial. La barrera flotante tendrá un costo aproximado de un millón de dólares para el estado, y forma parte de la Operación Lone Star, lanzada en marzo del 2021 por Gregg Abbot para frenar la inmigración ilegal hacia Texas. Esta operación ha resultado en la detención de más de 350 mil inmigrantes indocumentados hasta la fecha. La barrera se suma a otras medidas como el alambre de púas y los contenedores de carga que se han instalado a lo largo de la frontera.

El gobernador de Texas, Gregg Abbot, ha dado la orden de construir una barrera flotante en el Río Bravo, que separa a México de Estados Unidos. Se trata de unas boyas que se colocarán a unos 300 metros de distancia de la orilla, y que tendrán una profundidad de entre 1.2 y 1.8 metros, según la zona.

Texas ordenó la instalación de un muro flotante en la frontera México-EEUU

El gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó un proyecto de ley que endurece las medidas contra la inmigración ilegal en el estado. De Santis, que aspira a ser candidato republicano a la presidencia de EEUU, dijo que la ley busca “proteger la seguridad y el bienestar” de los floridanos. Según el texto de la ley, las sanciones incluyen: <ul><li>Multas y cárcel de hasta 15 años para quienes transporten inmigrantes indocumentados, incluso si se trata de turismo, negocios, amigos o familiares.</li><li>Obligación de los hospitales que reciben fondos públicos de verificar el estatus migratorio de los pacientes y reportarlo al estado.</li><li>Prohibición de las licencias de conducir de cualquier estado a los extranjeros sin papeles.</li></ul> La ley también destina 12 millones de dólares para el programa de “transporte de extranjeros no autorizados” del gobernador, que consiste en trasladar a los inmigrantes detenidos en Florida a otros estados. La ley ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por algunos legisladores demócratas, que la consideran “cruel”, “inconstitucional” y “contraproducente” para la economía y la seguridad&nbsp;del&nbsp;estado.

El gobernador de Florida, Ron De Santis, firmó un proyecto de ley que endurece las medidas contra la inmigración ilegal en el estado. De Santis, que aspira a ser candidato republicano a la presidencia de EEUU, dijo que la ley busca “proteger la seguridad y el bienestar” de los floridanos.

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